El proyecto de ley que busca regular el consumo y la venta de cannabis para uso adulto en Colombia ha vuelto a tomar fuerza en el Congreso. Miembros de la bancada oficialista han manifestado su disposición para avanzar en la aprobación de esta iniciativa, que ha sido liderada en varias ocasiones por el representante liberal Juan Carlos Losada. El congresista ha solicitado un respaldo más firme por parte del Gobierno nacional, argumentando que el apoyo del Ejecutivo es fundamental para asegurar el éxito del trámite legislativo.
En la legislatura anterior, el proyecto alcanzó el séptimo de los ocho debates requeridos para modificar el artículo 49 de la Constitución, pero no logró superar la votación final en el Senado. Esta iniciativa busca permitir el porte, consumo y comercialización de marihuana para mayores de 18 años, bajo un sistema de licencias y regulación estatal. En la actual legislatura, el proyecto ha sido reintroducido con el apoyo de congresistas de diferentes partidos, incluyendo el Pacto Histórico, Alianza Verde y el Partido de la U.
El debate en torno a la legalización del cannabis tiene importantes implicaciones políticas, sociales y económicas. Los defensores del proyecto argumentan que regular el cannabis para uso adulto es una medida que fortalece el derecho al libre desarrollo de la personalidad y reduce las violaciones a las libertades individuales. Además, sostienen que la legalización podría contribuir a disminuir las ganancias del crimen organizado, mejorar la seguridad pública y generar nuevas fuentes de ingresos fiscales para el Estado.
Desde una perspectiva de justicia social, el proyecto también plantea mecanismos para incluir a comunidades que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico, permitiéndoles participar en el mercado legal del cannabis. Los promotores insisten en que la regulación no solo tiene un enfoque económico, sino también un compromiso con la reparación social y la equidad.
A pesar de estos argumentos, el proyecto enfrenta resistencia en sectores políticos más conservadores, que expresan preocupación por los posibles impactos en la salud pública y el aumento del consumo entre los jóvenes. No obstante, con el respaldo renovado de la bancada oficialista y un llamado al Gobierno para que asuma un papel más activo, existe la expectativa de que el proyecto avance con mayor fuerza en el actual periodo legislativo.
