CNE modifica reglamento y extiende la presidencia de Álvaro Hernán Prada hasta 2026 en medio de controversia
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia aprobó una reforma a su reglamento interno que permite extender el mandato de su actual presidente, Álvaro Hernán Prada, hasta 2026 si no se alcanza una mayoría para elegir un nuevo titular. La decisión se tomó en la sala plena del organismo con seis votos a favor de nueve posibles, y ha generado un fuerte debate en el ámbito político.
La modificación establece que, en caso de no haber consenso para designar un nuevo presidente, quien ocupe el cargo en ese momento permanecerá en sus funciones hasta que se logre una votación favorable. Este cambio tiene un impacto directo en la composición de la mesa directiva, ya que impide que el magistrado Altus Baquero, cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, asuma la presidencia bajo el sistema de rotación alfabética que regía anteriormente. Este ajuste asegura que Prada, con vínculos al Centro Democrático y considerado opositor al gobierno actual, continúe al frente del CNE durante las cruciales elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
La reforma ha sido interpretada por sectores afines al gobierno como una maniobra para preservar el control del CNE y evitar una dirección favorable al Pacto Histórico, partido de gobierno. En respuesta, la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, presentó una acción de tutela argumentando que la extensión del mandato de Prada es irregular y atenta contra el equilibrio institucional del organismo electoral.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó abiertamente la decisión, señalando que podría ser parte de un plan para facilitar un fraude electoral liderado por sectores de oposición. La controversia se agrava porque el CNE es el órgano encargado de supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales en Colombia, lo que otorga a su mesa directiva un papel fundamental en la organización de los próximos comicios.
Este cambio normativo refleja las tensiones políticas en el país y subraya las disputas entre el oficialismo y la oposición por el control de las instituciones encargadas de velar por la legalidad electoral. La decisión del CNE podría tener implicaciones significativas en el desarrollo de las elecciones de 2026, consolidando la influencia de sectores opositores en uno de los organismos más importantes para la democracia colombiana.
