Los senadores Efraín Cepeda (Partido Conservador) y Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que han sido víctimas de persecución política y ataques verbales por parte del presidente Gustavo Petro. La solicitud se basa en la supuesta vulneración de sus derechos políticos, libertad de conciencia y religiosa, así como en amenazas a su integridad personal.
La controversia surge después de que ambos congresistas votaran en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según ellos, Petro ha promovido discursos que incitan al odio y han generado un ambiente de hostilidad en su contra, lo que ha puesto en riesgo su seguridad. En el documento presentado ante la CIDH, destacan que el mandatario ha utilizado su posición para desacreditar a quienes se oponen a sus políticas, afectando así la democracia y el equilibrio de poderes en el país.
Además de Cepeda y Ríos, otros ocho senadores que participaron en el archivo de la reforma laboral también han denunciado a Petro ante la CIDH por persecución y amenazas. En un movimiento paralelo, el partido Cambio Radical radicó una queja contra el presidente, señalando que sus declaraciones han sido injuriosas y calumniosas, afectando la seguridad de congresistas y líderes políticos.
Estos hechos reflejan una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia. Mientras el Gobierno insiste en avanzar con su agenda de reformas, sectores de la oposición denuncian presiones y ataques desde la Presidencia, lo que ha llevado a la internacionalización del conflicto con la intervención de organismos como la CIDH.
