Petro insiste en que la JEP debe recibir testimonios de paramilitares y critica su operatividad
El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la operatividad interna de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), insistiendo en la necesidad de que este tribunal especial acepte los testimonios de paramilitares y exparamilitares. A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro señaló que el Acuerdo de Paz permite la citación de diversos actores del conflicto armado, incluyendo narcotraficantes, y preguntó por qué la JEP limita su jurisdicción principalmente a exguerrilleros y militares.
Este no es el primer señalamiento del mandatario contra la JEP. En mayo de 2024, Petro ya había expresado su preocupación por lo que considera una fragmentación de la verdad debido a que los diferentes actores del conflicto son juzgados en instancias separadas. En aquella ocasión, mencionó el caso de la masacre de El Aro, argumentando que mientras los militares involucrados son llevados a la JEP, los paramilitares comparecen ante la justicia ordinaria y los civiles responsables enfrentan otros procesos. Según el presidente, esta división impide la construcción de una verdad integral sobre el conflicto armado en Colombia.
Además de sus críticas sobre el alcance del tribunal, Petro ha manifestado inquietudes sobre la implementación de las sanciones y la asignación de recursos a la JEP. En diciembre pasado, sostuvo una reunión con el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, en la que discutieron estos temas y la necesidad de fortalecer la articulación entre el Gobierno y la JEP.
Las declaraciones de Petro han generado reacciones divididas. Mientras algunos sectores consideran que sus críticas buscan fortalecer la justicia transicional y garantizar la verdad para las víctimas, otros interpretan sus señalamientos como una presión indebida sobre un organismo autónomo. La JEP, por su parte, ha defendido su trabajo y ha señalado que su competencia está establecida en el Acuerdo de Paz, el cual define los parámetros bajo los cuales pueden acogerse distintos actores del conflicto.
La controversia refleja las tensiones entre el Ejecutivo y la JEP sobre la manera en que se debe abordar la justicia transicional en Colombia, especialmente en lo referente a la inclusión de actores distintos a la exguerrilla de las FARC y las Fuerzas Militares en sus procesos judiciales. Se espera que este debate continúe en los próximos meses, especialmente en el marco de las discusiones sobre la implementación del Acuerdo de Paz.
