El presidente Gustavo Petro se retractó públicamente de sus declaraciones contra Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, y César Lorduy, exrepresentante a la Cámara, a quienes había acusado de liderar una supuesta estrategia para desestabilizar su gobierno a través del Consejo Nacional Electoral (CNE). Petro los había señalado de estar detrás de una mayoría opositora en ese organismo, con el objetivo de afectarlo políticamente e incluso buscar su salida del poder.
Sin embargo, aunque corrigió esas afirmaciones y afirmó que sus nombres fueron incluidos erróneamente en su denuncia, el mandatario colombiano mantuvo sus críticas al CNE. Petro considera que ese órgano electoral está actuando con sesgo político en la investigación sobre la financiación de su campaña presidencial en 2022. Ha sugerido incluso que se trata de un intento de “golpe blando” en su contra, al cuestionar la legalidad de ciertos aportes y gastos electorales.
En medio de esta disputa, la elección de Álvaro Echeverry Londoño como nuevo magistrado del CNE —en reemplazo de César Lorduy— representó un avance significativo para el oficialismo. Echeverry, un abogado cercano al gobierno y respaldado por sectores cristianos aliados del Pacto Histórico, fue elegido por el Congreso con una mayoría amplia. Su entrada podría cambiar la balanza dentro del CNE, que hasta entonces tenía una mayoría crítica del gobierno. Con Echeverry, se abre la posibilidad de un empate 5-4 que impediría decisiones adversas para Petro en el corto plazo.
Este cambio se suma a otros movimientos institucionales que han fortalecido al oficialismo, como la reciente designación de Miguel Polo Rosero en otro cargo clave. Petro, pese a suavizar sus ataques personales, sigue advirtiendo sobre una persecución política impulsada desde ciertos sectores del establecimiento.
