Este martes 29 de abril, la Corte Constitucional de Colombia se reunirá para debatir una ponencia que propone declarar inconstitucional el decreto de Conmoción Interior aplicado en la región del Catatumbo. El decreto, emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, ha sido justificado como una respuesta necesaria ante la grave situación de orden público en esa zona del país, afectada históricamente por violencia armada, narcotráfico y presencia de grupos ilegales.
Sin embargo, la ponencia que será analizada sugiere que no se cumplen los requisitos constitucionales para recurrir a un estado de excepción de esta naturaleza. Según el texto de la ponencia, las condiciones actuales en el Catatumbo, aunque graves, no justificarían una alteración tan profunda del orden jurídico ordinario, ya que aún existirían mecanismos regulares para enfrentar la crisis sin necesidad de limitar derechos fundamentales ni concentrar poderes en el Ejecutivo.
Frente a esta posibilidad, los ministerios del Interior y de Defensa han manifestado su preocupación, advirtiendo que la anulación del decreto dejaría al Estado “estático” ante la necesidad urgente de proteger a la población civil. Para el Gobierno, mantener la medida es esencial para garantizar acciones rápidas y efectivas frente a las amenazas que enfrentan los habitantes del Catatumbo.
El fallo de la Corte será crucial, no solo para determinar el futuro inmediato de la estrategia de seguridad en la región, sino también para definir los límites que tendrá el Gobierno en el uso de figuras de excepción. El debate vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la protección de derechos fundamentales y la búsqueda de herramientas excepcionales para enfrentar emergencias de seguridad.
