Ángela María Buitrago, reconocida jurista y exfiscal del caso del Palacio de Justicia, explicó públicamente las razones de su reciente renuncia al Ministerio de Justicia, cargo que ocupó por menos de un año. Aunque manifestó satisfacción con el trabajo que venía desarrollando en la cartera, Buitrago fue clara en afirmar que su retiro obedeció a un quiebre en la comunicación con el presidente Gustavo Petro.
Según sus declaraciones, el problema no radicaba en las funciones del cargo ni en su desempeño profesional, que consideraba satisfactorio y gratificante, sino en una pérdida total de interlocución directa con el jefe de Estado, un elemento que considera esencial para ejercer adecuadamente un cargo ministerial. “Era feliz en lo que hacía”, afirmó, pero al no contar con un canal fluido de comunicación con el presidente, consideró que su permanencia en el gabinete ya no tenía sentido.
Este tipo de distanciamiento ha sido un patrón recurrente en el actual gobierno, donde varios funcionarios han salido tras desacuerdos o falta de coordinación con el presidente. La salida de Buitrago se da en un contexto donde la agenda judicial y los retos del sistema carcelario del país exigen liderazgo y claridad en la línea de mando, factores que, según se desprende de sus palabras, ya no estaban garantizados.
Con su salida, se reabre el debate sobre el manejo interno del gabinete presidencial, la rotación frecuente de ministros y las dificultades para mantener una gobernabilidad cohesionada. La renuncia de Buitrago no se percibe como un conflicto abierto, sino como una decisión tomada con dignidad profesional ante la imposibilidad de operar eficazmente dentro del equipo de Gobierno.
