Reforma laboral y consulta popular reavivan tensiones en el Legislativo; Petro rechaza uso político de proyectos locales
El Congreso de la República y la Casa de Nariño se preparan para una semana especialmente tensa y decisiva, marcada por la reactivación de dos iniciativas clave del Gobierno de Gustavo Petro: la reforma laboral y la consulta popular. Esta última fue radicada nuevamente en el Legislativo tan solo días después de haber sido archivada, lo que ha generado diversas reacciones políticas y un clima de alta expectativa en la arena legislativa.
La reforma laboral, una de las principales apuestas del presidente Petro, busca transformar profundamente las relaciones entre empleadores y trabajadores en Colombia, con énfasis en la protección de derechos, estabilidad en el empleo, formalización del trabajo y eliminación de figuras que se prestan para la precarización laboral. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno y sectores sindicales, también enfrenta una fuerte oposición por parte de gremios empresariales y partidos de oposición que consideran que su aprobación podría frenar el crecimiento económico y aumentar la informalidad.
Paralelamente, la propuesta de una consulta popular, que había sido hundida recientemente en el Senado, fue presentada nuevamente por la bancada del Pacto Histórico. Esta herramienta, que permitiría a la ciudadanía pronunciarse directamente sobre reformas estructurales del Gobierno, ha sido vista por algunos sectores como una alternativa legítima de participación democrática, mientras que otros la interpretan como no una forma de presión frente a un Congreso poco cooperativo.
En medio de estas tensiones, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente para rechazar las acusaciones lanzadas durante el debate en la plenaria del Senado, donde algunos congresistas advirtieron que el Gobierno estaría utilizando recursos del Estado como mecanismo de presión, condicionando la aprobación de proyectos en las regiones al respaldo a sus reformas. Petro negó enfáticamente estas afirmaciones y reafirmó que su administración no frenará obras ni proyectos regionales por razones políticas o electorales.
El ambiente político de la semana se anticipa como un verdadero campo de batalla legislativo, donde el Gobierno deberá jugar con estrategia y persuasión para sacar adelante sus propuestas, mientras enfrenta una oposición cada vez más articulada y vigilante.
