En un sorpresivo y tenso pronunciamiento transmitido por cadenas públicas y privadas, el presidente de Colombia alertó al país sobre un presunto plan para atentar contra su vida. Según su declaración, este intento más reciente de asesinato habría sido orquestado por un grupo que él denominó la “junta del narcotráfico”, la cual, aseguró, tendría su base de operaciones en Dubái.
El jefe de Estado presentó la denuncia con tono grave, argumentando que esta supuesta conspiración forma parte de una ofensiva coordinada por actores criminales y políticos que se oponen a sus reformas estructurales y a su lucha contra las mafias que, según él, históricamente han controlado sectores del poder en Colombia. Aunque no se ofrecieron pruebas concretas durante la alocución, el presidente insistió en la veracidad de la información recibida y en la amenaza real que representa este grupo para su seguridad personal y la estabilidad institucional del país.
Durante el mismo mensaje, el mandatario también anunció su decisión de avanzar en la convocatoria de una consulta popular, una figura de participación democrática con la que busca legitimar directamente ante la ciudadanía algunas de sus principales propuestas de gobierno. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión con el Congreso y otros poderes del Estado, que han obstaculizado parte de su agenda legislativa.
El anuncio de la consulta popular ha sido interpretado como un giro estratégico: busca movilizar a la ciudadanía para respaldar iniciativas que no han logrado avanzar en el Congreso, entre ellas algunas reformas clave en salud, educación, y el modelo económico. Esta jugada política se suma a un ambiente de polarización cada vez más marcado en el país, y ha generado reacciones tanto de respaldo como de crítica en distintos sectores políticos y sociales.
La combinación del anuncio sobre el supuesto atentado y la convocatoria a consulta popular refuerza el discurso del presidente sobre una lucha entre el cambio estructural que él promueve y las fuerzas que se resisten a ello. Sin embargo, sus opositores cuestionan la veracidad de las amenazas denunciadas y acusan al presidente de usar el miedo como herramienta política para justificar medidas excepcionales y presionar al sistema institucional.
