La Registraduría Nacional del Estado Civil decidió suspender de forma temporal el trámite de la consulta popular impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando un escenario jurídico complejo y sin precedentes. El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que la entidad se encuentra en una situación delicada desde el punto de vista legal, por lo cual no tomará decisiones apresuradas hasta que las altas cortes del país—específicamente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado—se pronuncien de manera clara sobre la legalidad de la convocatoria.
Penagos hizo un llamado urgente a estas instituciones para que resuelvan lo más pronto posible los cuestionamientos que se han presentado frente al mecanismo de consulta, especialmente porque hay dudas sobre si puede ser convocado mediante un decreto presidencial, como lo intentó hacer el Gobierno. La Registraduría, como entidad organizadora de los procesos electorales, considera que necesita una base jurídica sólida y un marco de legalidad claro para continuar con el trámite, especialmente por el alto impacto político y social que tendría esta iniciativa.
Desde el Ejecutivo, la decisión fue recibida con malestar. Voceros del Gobierno consideran que la suspensión es una obstrucción al derecho democrático de los ciudadanos a participar y a decidir sobre reformas claves para el país. Señalan que el presidente Petro y su equipo han actuado en el marco de la legalidad y que no existe impedimento alguno para avanzar en el proceso.
Este nuevo episodio suma tensiones a un ambiente político ya polarizado, en el que el proyecto de consulta popular ha sido criticado por sectores de la oposición, juristas y hasta algunos aliados del oficialismo, que cuestionan su viabilidad y su verdadera intención, especialmente tras el fracaso de reformas estructurales en el Congreso. Mientras tanto, la Registraduría insiste en que su actuación es preventiva y prudente, a la espera de un pronunciamiento definitivo de las cortes que despeje cualquier duda constitucional.
