Gabriel Becerra exige votación urgente en Cámara para salvar ley en favor de víctimas de la UP
El representante a la Cámara Gabriel Becerra, del partido Pacto Histórico, expresó fuertes críticas contra el presidente de la Cámara, Andrés Forero, y en particular contra el congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid, pero especialmente dirigió su inconformidad hacia el representante José Jaime Uscátegui Tovar. La molestia de Becerra se centra en la falta de diligencia para tramitar y votar la conciliación del proyecto de ley que busca dignificar a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica (UP), antes de que se venza el plazo legislativo.
Este proyecto de ley, ya aprobado por el Senado, tiene como objetivo reconocer formalmente el genocidio político perpetrado contra la UP, ofrecer medidas de reparación simbólica a las víctimas y garantizar que hechos como estos no se repitan. La iniciativa, impulsada por sectores afines al gobierno y a organizaciones de derechos humanos, representa un paso significativo en la memoria histórica del país.
Becerra advierte que, si la Cámara de Representantes no discute y aprueba la conciliación este viernes, el proyecto se hundirá automáticamente por tiempos legislativos. En su intervención, denunció que algunos sectores políticos están actuando con negligencia o incluso con intenciones deliberadas de bloquear el avance del proyecto. Según él, existe un compromiso ético y político con las más de 6.000 víctimas del exterminio de la UP, y no dar trámite a esta ley representaría una nueva revictimización y una oportunidad perdida para el Congreso de responder con justicia histórica.
La polémica también ha estado marcada por el papel del representante Uscátegui Tovar, conocido por su postura crítica frente a la narrativa oficial sobre el genocidio de la UP, lo que ha generado tensiones entre las bancadas progresistas y sectores de derecha. Becerra hizo un llamado a la responsabilidad institucional para que se dé la votación sin más dilaciones y que el Congreso no cargue con el costo político de dejar morir una ley de reparación y memoria.
