El presidente Gustavo Petro anunció un nuevo giro en su estrategia política al confirmar que ya no impulsará la consulta popular que pretendía usar para aprobar su polémica reforma laboral. Esta decisión se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que buscaba convocar dicho mecanismo, lo que representó un revés jurídico importante para el Ejecutivo. Sin embargo, Petro reveló que su gobierno buscará otro camino para impulsar cambios estructurales: una papeleta adicional en las próximas elecciones para que la ciudadanía decida si convoca o no una Asamblea Nacional Constituyente.
El mandatario aseguró que, aunque desistirá de la consulta como vía para avalar reformas específicas, ahora se concentrará en promover una transformación más amplia del orden institucional. Según sus palabras, la Constituyente permitiría reformar no solo aspectos laborales, sino todo el sistema político, económico y social que, a su juicio, ha obstaculizado el cambio que prometió en su campaña. La papeleta sería entregada junto al tarjetón electoral, con el objetivo de someter a votación la convocatoria a la Asamblea.
Petro justificó la necesidad de esta vía argumentando que los poderes actuales han bloqueado las reformas del gobierno progresista, e insistió en que el pueblo debe tener la última palabra. Aunque la propuesta aún no tiene marco legal claro, el anuncio agita nuevamente el ambiente político nacional, ya que una Constituyente implica una reorganización profunda del Estado y requiere amplios consensos. Sectores de la oposición han advertido que este tipo de movidas representan un riesgo para la democracia y podrían ser utilizadas para concentrar poder.
El anuncio también coincide con momentos clave en el Congreso, como la conciliación final de la reforma laboral, lo que refuerza la interpretación de que el gobierno está preparando un plan alternativo en caso de que sus principales proyectos legislativos fracasen. Esta decisión reabre el debate sobre los límites del poder presidencial y la legitimidad de convocar una Constituyente sin pasar por el Congreso o la Corte Constitucional.
