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Oposición y exministros cuestionan al Ejecutivo tras anulación de intervención a Sanitas

El reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la intervención del Gobierno a la EPS Sanitas ha generado una oleada de reacciones en el ámbito político colombiano. Diversas voces de exministros, congresistas y partidos políticos se han pronunciado, cuestionando no solo la medida inicial del Ejecutivo, sino también los impactos que esta decisión tuvo en el sistema de salud y en los usuarios de Sanitas.

El fallo determinó que la intervención realizada por la Superintendencia de Salud fue desproporcionada y no cumplía con los criterios técnicos suficientes, lo que, según los críticos, pone en evidencia una actuación precipitada del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión judicial ha sido interpretada por muchos sectores como un revés para la política de salud del Gobierno y una advertencia sobre los límites institucionales que deben respetarse.

Desde el Congreso, varios legisladores, en su mayoría de bancadas de oposición, señalaron que el fallo es un llamado de atención al Ejecutivo para que no utilice su poder de manera arbitraria contra entidades privadas del sector salud. También se advirtió sobre los daños reputacionales, económicos y asistenciales que pudo sufrir la EPS durante el periodo de intervención, afectando a millones de afiliados.

Exfuncionarios de gobiernos anteriores calificaron la medida como un “abuso institucional” y advirtieron que este tipo de decisiones pueden desestabilizar el ya complejo sistema de salud colombiano. Por su parte, algunos sectores del oficialismo han preferido guardar silencio o adoptar una postura más cautelosa, mientras que otros aún defienden la intervención como una acción necesaria frente a supuestas irregularidades de la EPS.

En general, el fallo ha reactivado el debate sobre la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Petro, que ha generado resistencia en múltiples sectores y sigue estancada en el Congreso. Asimismo, se intensifica la discusión sobre el papel del Estado en la regulación del sistema de salud y los mecanismos adecuados para garantizar su sostenibilidad y eficiencia.

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