El Minigualdad bajo fuego: acusan a la dirección de discriminación, abuso de poder y baja gestión presupuestal
El Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, bajo la dirección de Carlos Rosero tras la salida de la vicepresidenta Francia Márquez, atraviesa una profunda crisis institucional marcada por denuncias de racismo, discriminación laboral, maltrato y presunto uso político de los recursos públicos. La entidad, creada como una bandera del gobierno Petro para promover la equidad social, ha sido blanco de críticas no solo por su baja ejecución presupuestal, sino también por presuntos actos irregulares cometidos por parte de su directiva.
Varios funcionarios y contratistas han denunciado tratos degradantes por parte de altos mandos, incluyendo expresiones y actitudes discriminatorias de carácter étnico y de género. Se han iniciado procesos disciplinarios y se adelantan investigaciones internas que incluyen posibles conductas punibles dentro del equipo directivo.
Además de estas graves denuncias laborales, la Contraloría y otras entidades de control están revisando minuciosamente el manejo de los recursos asignados al Ministerio. Las sospechas apuntan a una posible utilización partidista de los fondos, lo cual ha generado preocupación sobre el verdadero propósito de la entidad. En particular, se investiga si se ha desviado el enfoque social para favorecer intereses políticos o personales.
La transición del liderazgo desde Márquez hasta Rosero ha sido compleja. Aunque el actual ministro fue un cercano colaborador de la vicepresidenta y comparte sus luchas históricas por los derechos de los sectores más vulnerables, su administración ha sido opacada por la falta de resultados concretos y por un clima laboral que, según testimonios, ha deteriorado gravemente la moral del personal.
Este escándalo impacta directamente la imagen de la vicepresidenta Márquez, quien ha sido una figura clave en la creación del ministerio y cuyo legado ahora se ve amenazado por los escándalos que lo rodean. En respuesta a la controversia, distintas voces de la sociedad civil, organismos de control y sectores políticos exigen una revisión profunda de la entidad y, de ser necesario, una reestructuración completa para garantizar que cumpla su misión sin sesgos ni manejos irregulares.
