“Influencers” y política: Bolívar alerta sobre pagos de hasta $15 millones mensuales por campañas encubiertas

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, generó una fuerte controversia al denunciar públicamente lo que considera una campaña coordinada en su contra por parte de ciertos “influencers” en redes sociales. Según Bolívar, estos ataques no son espontáneos ni desinteresados, sino que forman parte de una estrategia digital financiada, aunque aclaró que no se trata de las tradicionales “bodegas” —estructuras organizadas de cuentas falsas o automatizadas— sino de personas reales que estarían cobrando grandes sumas de dinero por sus publicaciones.
En su denuncia, Bolívar afirmó que algunos influenciadores reciben pagos que pueden alcanzar hasta los 15 millones de pesos mensuales por emitir opiniones y contenidos favorables a determinados candidatos o corrientes políticas. Esta declaración encendió el debate sobre la ética en el uso de redes sociales durante las campañas políticas, así como sobre la posible manipulación de la opinión pública mediante pagos encubiertos.
El exfuncionario no mencionó nombres concretos, pero insistió en que la ciudadanía debe ser consciente de cómo opera este tipo de estrategias, que si bien no constituyen una estructura ilegal per se, sí plantean interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad en el debate público. Las declaraciones de Bolívar generaron reacciones encontradas: mientras algunos usuarios y sectores lo respaldaron, otros lo acusaron de victimizarse y de no asumir con responsabilidad las críticas recibidas durante su paso por el DPS.
Este episodio se suma a las tensiones políticas y mediáticas que ha enfrentado Bolívar en los últimos meses, especialmente tras su salida del Gobierno y su regreso al activismo y la opinión política. La polémica también reaviva las discusiones sobre la regulación de la actividad de influenciadores en escenarios políticos, un terreno que, aunque cada vez más influyente, sigue operando en un área gris en términos legales y éticos.