¿Quién puede llegar al poder? Estos son los requisitos para ser presidente, vicepresidente y congresista en Colombia
En medio del ambiente político que comienza a caldearse con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en Colombia, ha tomado fuerza el debate sobre los requisitos legales que deben cumplir quienes aspiren a ser elegidos como presidente, vicepresidente o congresista.
La Constitución Política de 1991 establece las condiciones mínimas que deben cumplir los ciudadanos para ocupar estos altos cargos de elección popular. En el caso de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los aspirantes deben ser colombianos por nacimiento y tener al menos 30 años de edad al momento de la elección. Además, no deben haber sido condenados por delitos comunes, ni haber perdido sus derechos políticos por decisión judicial.
Para el Congreso de la República, que incluye tanto a senadores como a representantes a la Cámara, los requisitos varían ligeramente. En el caso del Senado, se exige ser colombiano de nacimiento y haber cumplido 30 años. Para la Cámara de Representantes, también se requiere la nacionalidad colombiana, pero la edad mínima es de 25 años.
A estos requisitos se suman otras restricciones establecidas por la ley, como la incompatibilidad con ciertos cargos públicos, la prohibición de doble militancia política, y en algunos casos, la necesidad de haber renunciado a cargos anteriores dentro de un período determinado antes de las elecciones.
El debate ha surgido en parte por la aparición de nuevas figuras públicas que comienzan a perfilarse como posibles candidatos, así como por cuestionamientos a aspirantes con antecedentes judiciales o situaciones legales que podrían inhabilitarlos. Esto ha generado discusiones en redes sociales y escenarios políticos sobre la idoneidad ética y legal de quienes buscan llegar al poder.
Además de los requisitos legales, la opinión pública ha empezado a exigir un mayor nivel de transparencia, preparación académica y compromiso social en quienes aspiran a estos cargos. Aunque estos criterios no están consagrados en la ley, han ganado relevancia en el contexto de una ciudadanía más informada y exigente.
