Choque de poderes: presidente Petro critica decisión del magistrado Ibáñez sobre legalidad de la reforma pensional
La reciente decisión del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez de aplazar el estudio de la reforma pensional para la próxima semana, y de solicitar nuevas pruebas para evaluar la legalidad de su trámite en el Congreso, generó una reacción inmediata y contundente por parte del presidente Gustavo Petro. El mandatario no solo manifestó su inconformidad, sino que calificó la determinación como un “golpe de Estado”, lo que provocó una nueva tensión entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
Según el presidente, el accionar del magistrado constituye una interferencia indebida en las competencias del Congreso y del propio Ejecutivo, al cuestionar un proceso legislativo que ya había cumplido sus etapas reglamentarias. Petro argumentó que al solicitar pruebas adicionales, la Corte estaría excediendo sus funciones y obstaculizando el avance de una reforma que, según él, cuenta con legitimidad democrática y respaldo popular.
La Corte Constitucional, por su parte, insiste en que su labor es garantizar que las reformas se ajusten a los principios del Estado de Derecho. En ese sentido, la orden del magistrado Ibáñez busca esclarecer si el procedimiento seguido durante el trámite de la reforma en el Congreso respetó los requisitos constitucionales, particularmente en aspectos como el número de debates, el respeto por las mayorías y la inclusión de observaciones sustanciales.
La reforma pensional, uno de los proyectos más importantes del Gobierno Petro, fue aprobada en el Congreso a mediados de 2024, pero su entrada en vigor depende del aval constitucional. Su objetivo es establecer un sistema de pilares que combine ahorro individual y solidaridad, con un papel protagónico del Estado en la garantía de una pensión básica universal.
La acusación del presidente generó reacciones mixtas. Mientras desde el oficialismo respaldan su defensa del proyecto y critican lo que consideran una judicialización excesiva del proceso político, desde la oposición y varios sectores académicos advierten que el lenguaje del presidente puede deteriorar el equilibrio de poderes y afectar la independencia judicial.
La situación refleja una creciente confrontación institucional entre el Gobierno de Petro y los órganos de control, particularmente la Corte Constitucional, que ahora se encuentra en el centro de una disputa por el futuro de una de las reformas estructurales más ambiciosas del actual mandato presidencial.
