A pocas semanas de cerrar su mandato, el gobierno de Gustavo Petro intensifica la política de “Paz Total”, pero su enfoque, más teatral que efectivo, ha despertado inquietud.
Se han anunciado nuevas mesas de diálogo en Medellín, Barranquilla, Tuluá y Barrancabermeja, con alta exposición mediática e impacto simbólico, en medio de la antesala electoral de 2026.
La iniciativa parece estar enfocada más en la narrativa política que en logros de paz reales. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), incluir territorios como Barranquilla y Tuluá responde a una lógica de “impacto mediático”, y sugiere un intento de “capitalizar políticamente estos escenarios” ante el escepticismo ciudadano sobre resultados palpables.
En total, el gobierno ha activado diez mesas de negociación con guerrillas, disidencias y bandas criminales. No obstante, solo cinco de esas mesas se encuentran al menos parcialmente activas: con los Comuneros del Sur, la CNEB, el EMBF, y grupos en Buenaventura y el Valle de Aburrá.
El resto, como los procesos en Quibdó o con el Clan del Golfo, apenas pasan de exploración o están en crisis.
Sumado a esto, el emblemático acto conocido como el “tarimazo”, donde varios jefes criminales fueron presentados públicamente como voceros de paz, fue duramente criticado. El evento fue visto como una legitimación cuestionable de la criminalidad y generó rechazo entre líderes políticos que resaltaron la ofensa hacia las víctimas.
Por último, mientras se busca desarrollar un marco jurídico para el sometimiento de bandas criminales (más allá de figuras simbólicas), un proyecto de ley reciente ha generado polémica por permitir bonificaciones penales a cambio de desarme y cooperación. Organismos como la Corte Suprema y negociadores de paz han cuestionado su legalidad y viabilidad.
En síntesis, la política de “Paz Total” transita de una apuesta transformadora hacia una estrategia con tinte electoral, sustentada en escenarios urbanísticos y escasamente vinculada a resultados concretos de pacificación.
