El reciente incremento en las cuotas de los créditos educativos del Icetex ha desatado una serie de reacciones y debates en Colombia. El presidente Gustavo Petro atribuyó este aumento a una decisión de la Corte Constitucional que, en octubre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 95 de la reforma tributaria de 2022. Este artículo establecía una tasa de interés cero para los créditos del Icetex, pero fue anulado debido a vicios en su trámite legislativo, específicamente por no cumplir con los principios de consecutividad e identidad flexible, ya que no fue debatido en las comisiones económicas del Congreso como exige la normativa.
Como resultado de esta decisión judicial, el Icetex anunció la suspensión del subsidio a la tasa de interés para los beneficiarios en período de pago, argumentando una “compleja situación fiscal” que impide al gobierno continuar con este beneficio en 2025. Esto implica que los créditos educativos retornarán a las condiciones originalmente pactadas, con tasas de interés que oscilarán entre el 12,2% y el 17,2% efectivo anual, incrementando las cuotas mensuales para m beneficiarios.
La medida ha generado críticas desde diversos sectores. María José Castañeda, presidenta de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), señaló que la decisión afecta principalmente a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, quienes constituyen el 91% de los beneficiarios de los créditos del Icetex en el último año. Castañeda enfatizó que esta situación pone en riesgo la continuidad educativa de miles de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
Por su parte, el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, calificó de “cínica” la postura del gobierno, indicando que inicialmente se criticaba al Icetex por su lógica bancaria y ahora se desestima el impacto de las tasas de mercado en los estudiantes.
En respuesta a las críticas, el presidente Petro destacó los esfuerzos de su administración para ampliar la gratuidad en la educación pública, afirmando que se han creado 130.000 nuevos cupos completamente gratuitos en todo el país.
La situación refleja las tensiones entre las decisiones judiciales, las políticas gubernamentales y las necesidades de la población estudiantil, en un contexto de limitaciones fiscales que complican la implementación de alivios financieros para los sectores más vulnerables.
