Ministerio de Igualdad vuelve al Congreso: el Ejecutivo busca corregir errores y asegurar su permanencia

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un nuevo paso para consolidar el Ministerio de Igualdad y Equidad, una de sus apuestas emblemáticas en materia de inclusión social y derechos. Este martes, el ministro encargado de la cartera, Carlos Rosero, radicó ante el Congreso de la República un nuevo proyecto de ley que busca revivir oficialmente esta institución, luego de que la Corte Constitucional tumbara la ley que le dio origen por fallas en el trámite legislativo.
La Corte había determinado que la creación del Ministerio de Igualdad presentaba “vicios de procedimiento insubsanables” durante su aprobación en el Congreso, lo que llevó a declarar inconstitucional la Ley 2281 de 2023, con la cual se había creado formalmente la entidad. Sin embargo, el alto tribunal dejó abierta la puerta para que el Gobierno presentara nuevamente la iniciativa, respetando el proceso legislativo adecuado.
Con este nuevo proyecto, el Ejecutivo busca no solo subsanar los errores anteriores, sino asegurar la continuidad de una cartera que ha sido liderada hasta ahora por la vicepresidenta Francia Márquez y que se centra en atender a poblaciones históricamente marginadas como mujeres, comunidades afrodescendientes, indígenas, personas LGBTIQ+, campesinos y población en situación de vulnerabilidad.
Carlos Rosero, quien fue designado como ministro encargado tras la inhabilidad temporal de Márquez para ejercer simultáneamente la vicepresidencia y el ministerio, explicó que esta nueva radicación representa el compromiso del gobierno con la equidad social. Afirmó que la misión del ministerio es estructural y busca transformar las condiciones de desigualdad que persisten en múltiples regiones del país.
El proyecto comenzará su trámite en el Congreso, donde se espera que genere debates tanto por el fondo de la propuesta como por su impacto fiscal, ya que uno de los puntos de crítica ha sido el presupuesto asignado al nuevo ministerio. No obstante, el gobierno confía en que esta vez el proceso se desarrollará de manera rigurosa para garantizar la legalidad de la norma.