En Tibú, un municipio ubicado en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, la calma aparente en las calles contrasta con una realidad mucho más compleja y violenta que persiste bajo la superficie. A simple vista, el comercio ha vuelto a funcionar, el transporte circula nuevamente y las actividades diarias han retomado su curso. Sin embargo, la población convive con el miedo, que se ha arraigado de forma silenciosa pero constante en el día a día de los habitantes.
Hace menos de cuatro meses, Tibú fue epicentro de una de las peores crisis de violencia armada en Colombia en las últimas décadas. El cruento enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC dejó más de 100 muertos y provocó el desplazamiento forzado de unas 60.000 personas. Las escenas de guerra, el terror colectivo y el impacto humanitario de esa ofensiva aún permanecen frescos en la memoria de los tibuyanos, incluso cuando el conflicto ha salido del foco de los titulares nacionales.
A pesar de los intentos de reactivación económica y de retorno a la normalidad, el temor no ha desaparecido. En las zonas rurales del municipio, donde el Estado tiene poca o nula presencia, los combates entre los grupos armados continúan. El control territorial y las rutas del narcotráfico siguen siendo el motor de una guerra que ha mutado, pero no se ha detenido.
La población vive en una especie de tregua forzada, donde el silencio, la precaución y el disimulo son estrategias de supervivencia. En muchas veredas, los habitantes deben moverse con extrema cautela y están expuestos a ser víctimas de reclutamiento, extorsión o violencia directa por parte de los actores armados ilegales.
Este panorama demuestra que, aunque la apariencia de tranquilidad pueda engañar al visitante ocasional, en Tibú la guerra sigue viva, adaptándose a nuevas dinámicas, desplazándose entre las montañas y las trochas, y dejando una marca profunda en la vida cotidiana de miles de personas.
