Un conjunto de organizaciones sociales en Colombia alista la presentación de un ambicioso proyecto de ley que busca establecer responsabilidades jurídicas claras para las empresas en casos de violaciones a los derechos humanos. La iniciativa legislativa tiene como objetivo central llenar el vacío normativo que, hasta el momento, ha permitido que muchas compañías eludan consecuencias legales cuando sus actividades han estado relacionadas con afectaciones graves a comunidades, trabajadores, o al medioambiente.
El proyecto contempla la creación de un marco normativo que defina las obligaciones concretas de las empresas en materia de derechos humanos. De igual manera, propone mecanismos para prevenir, investigar y sancionar comportamientos empresariales que resulten en violaciones, ya sea por acción directa o por omisión. Las organizaciones promotoras sostienen que, aunque existen normas internacionales y principios rectores —como los Principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos—, en Colombia no hay legislación interna que obligue efectivamente a las empresas a rendir cuentas.
Uno de los puntos clave del proyecto es la inclusión de medidas para garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia y a procesos de reparación. También se contempla la posibilidad de que las empresas respondan civil, administrativa o penalmente según la gravedad de los hechos. Además, se impulsaría la creación de un sistema de debida diligencia en derechos humanos, que obligue a las compañías a identificar y mitigar riesgos en sus cadenas de producción y suministro.
La iniciativa también llega en un momento de creciente presión nacional e internacional para que las actividades empresariales se desarrollen en condiciones más éticas, sostenibles y con respeto por las comunidades. Este proyecto, de ser aprobado, marcaría un hito en la legislación colombiana y podría sentar un precedente para otros países de la región.
