La reciente condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia ha provocado una nueva fisura en las ya tensas relaciones diplomáticas entre el gobierno de Gustavo Petro y Estados Unidos. Este fallo judicial, con profundas implicaciones políticas en Colombia, ha sido interpretado por el presidente Petro como una oportunidad para intensificar su narrativa crítica hacia Washington, acusando a sectores estadounidenses de intervenir o influenciar en los asuntos internos del país.
El mandatario ha endurecido su discurso justo cuando Colombia se encuentra a la espera de conocer el alcance final de los aranceles comerciales impuestos por Donald Trump, que podrían tener un efecto negativo sobre la economía nacional. Petro ha señalado que estos aranceles no solo afectan al comercio bilateral, sino que también reflejan una actitud hostil frente a los avances sociales y políticos impulsados por su administración.
Por su parte, el Centro Democrático ha reaccionado con fuerza frente al fallo contra Uribe, anunciando una estrategia internacional para defender la inocencia de su líder natural. El partido buscará ejercer presión en escenarios diplomáticos y políticos en el exterior, argumentando que el proceso judicial ha estado marcado por sesgos ideológicos y motivaciones políticas. En particular, han insinuado que las decisiones judiciales se han alineado con una agenda oficialista que busca debilitar a la oposición.
Este escenario de confrontación suma tensión a una coyuntura ya compleja, en la que el riesgo de sanciones económicas y el deterioro del diálogo institucional con Estados Unidos podrían impactar negativamente tanto en la inversión extranjera como en la estabilidad política interna.
