Congreso definirá el futuro de César Lorduy en el CNE tras su renuncia y acusaciones en su contra
El próximo miércoles 5 de marzo, el Congreso de la República de Colombia, en sesión plenaria conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes, decidirá si acepta o no la renuncia de César Lorduy como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque Lorduy presentó su renuncia de manera irrevocable en diciembre de 2024, el Legislativo no había abordado el tema formalmente, lo que ha permitido que continúe ejerciendo sus funciones hasta la fecha.
La dimisión de Lorduy se produce en un contexto complejo, marcado por graves denuncias en su contra. Una de las acusaciones más relevantes proviene de la representante a la Cámara Ingrid Aguirre, quien señaló públicamente que el magistrado le solicitó favores sexuales a cambio de decisiones favorables en procesos relacionados con el CNE. Esta denuncia ha generado un amplio debate en la opinión pública y en el ámbito político, incrementando la presión sobre el Congreso para tomar una determinación rápida y clara sobre la continuidad de Lorduy en el cargo.
Además de las acusaciones recientes, César Lorduy ha estado envuelto en otras controversias legales. Destaca un proceso por un presunto homicidio ocurrido en 1979, un caso que finalmente prescribió, impidiendo que la justicia avanzara en su contra. Estos antecedentes han alimentado las críticas hacia su permanencia como magistrado de un organismo encargado de velar por la transparencia y legalidad en los procesos electorales.
El Congreso es la única instancia facultada para aceptar o rechazar la renuncia de un magistrado del CNE, según las normas vigentes. La decisión que se adopte en la sesión del 5 de marzo no solo definirá el futuro de Lorduy, sino que también impactará la composición y el funcionamiento de este organismo clave en la organización y control del sistema electoral colombiano.
La expectativa es alta, ya que el caso de César Lorduy ha puesto en el centro del debate público la responsabilidad del Congreso en la vigilancia y control de los altos funcionarios del Estado, así como la necesidad de esclarecer las denuncias de acoso y corrupción dentro de las instituciones del país.
