Congreso exige explicaciones al Gobierno Petro por sanción comercial contra Israel tras conflicto en Gaza
La Cámara de Representantes de Colombia ha citado a un debate de control político a tres exministros del Gobierno de Gustavo Petro, como consecuencia de la polémica decisión del Ejecutivo de suspender las exportaciones de carbón a Israel. Esta medida fue anunciada a mediados de 2024 como respuesta del Gobierno colombiano a la ofensiva militar israelí en Gaza, acción que el presidente Petro ha calificado de “genocidio”. La decisión generó un amplio debate nacional e internacional sobre la legalidad, los efectos económicos y el trasfondo político de esta sanción unilateral.
Los citados al debate son Luis Gilberto Murillo, exministro de Relaciones Exteriores; Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, Industria y Turismo; y Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía. La convocatoria fue impulsada por un grupo de congresistas que exigen explicaciones claras sobre los criterios técnicos, jurídicos y políticos que motivaron la suspensión, especialmente considerando que el carbón representa uno de los principales productos de exportación del país y que Israel era uno de sus principales compradores.
Durante el debate se espera que los exfuncionarios detallen si se evaluaron los impactos económicos de la medida, si hubo consulta con actores del sector minero-energético y si se contemplaron mecanismos diplomáticos alternativos antes de aplicar la sanción comercial. Además, se cuestiona si el Gobierno tenía las facultades legales para implementar una restricción de esta naturaleza sin pasar por el Congreso ni por organismos multilaterales.
La decisión también ha generado preocupación en sectores industriales y laborales, especialmente en departamentos como La Guajira y Cesar, donde la minería de carbón es una de las principales fuentes de empleo. Analistas señalan que, más allá del mensaje político que pretendía enviar el presidente Petro al condenar a Israel, la medida podría afectar la estabilidad de contratos internacionales, deteriorar la confianza de los inversionistas y reducir los ingresos por exportaciones en un momento de desaceleración económica.
El debate en la Cámara será clave para esclarecer si se trató de una decisión apresurada sin suficiente sustento institucional o si, por el contrario, responde a una estrategia diplomática coherente con la postura internacional de Colombia bajo la administración de Petro.
