La relación entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo de Estado atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio del actual gobierno. En las últimas semanas, se han acumulado varias decisiones judiciales que han impactado directamente al proyecto político del mandatario y a figuras clave de su coalición, el Pacto Histórico.
En el centro de esta creciente confrontación se encuentran tres hechos recientes que han encendido las alarmas en la Casa de Nariño. El primero tiene que ver con las transmisiones públicas de los consejos de ministros, una estrategia del Ejecutivo para dar visibilidad a las decisiones de gobierno y fortalecer la comunicación con los ciudadanos. Aunque esta iniciativa ha sido defendida por Petro como un ejercicio de transparencia, el Consejo de Estado ha emitido ya dos fallos cuestionando su legalidad, lo que ha generado inconformidad dentro del gobierno.
El segundo episodio fue la anulación de la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena, una decisión que golpea directamente al poder territorial del Pacto Histórico. Martínez es un aliado cercano del presidente y su liderazgo en la región ha sido fundamental para el fortalecimiento de la coalición oficialista en la Costa Caribe. Con su salida del cargo, se reduce el control del oficialismo en una plaza clave.
El tercer foco de tensión es el caso de la representante a la Cámara Mary Anne Perdomo, también del Pacto Histórico, quien podría perder su curul tras una revisión en curso del Consejo de Estado. Esta posible pérdida se suma a otras dificultades que ha enfrentado la bancada oficialista en el Congreso, donde la gobernabilidad ya se ha mostrado frágil frente a temas legislativos de alto calibre.
Desde el gobierno se perciben estas decisiones como una seguidilla de obstáculos judiciales que debilitan no solo al presidente Petro, sino también al proyecto de transformación que ha intentado impulsar desde su llegada al poder. Aunque el mandatario no ha señalado directamente al Consejo de Estado, sus recientes declaraciones públicas han dejado entrever un malestar por lo que considera una intervención desproporcionada de los tribunales en asuntos políticos.
La situación actual también ha reactivado el debate nacional sobre la independencia de poderes. Mientras sectores afines al gobierno denuncian una supuesta persecución judicial, críticos del Ejecutivo advierten que las instituciones deben actuar con autonomía y bajo la Constitución, incluso si eso implica decisiones contrarias a los intereses del oficialismo.
Por ahora, la tensión entre el Ejecutivo y la justicia parece lejos de resolverse, en medio de un panorama político cada vez más fragmentado y con el 2026 cada vez más cerca en el horizonte electoral.
