Consulta popular: Petro avanza con la conformación de comités pese a debates sobre su legalidad
El Gobierno del presidente Gustavo Petro instalará este sábado, 5 de abril de 2025, los primeros “comités por el sí” en distintas regiones del país. Estos comités tienen como objetivo promover la consulta popular que Petro ha propuesto para que la ciudadanía decida sobre las reformas sociales que han encontrado obstáculos en el Congreso. La estrategia incluye la participación de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias que representan a más de 64.000 juntas en toda Colombia y que han manifestado su apoyo a la iniciativa.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha señalado que cualquier ciudadano podrá formar su propio comité en favor de la consulta, incluso antes de que esta sea formalmente convocada. Además, se espera que otros sectores políticos y sociales, como el bloque de los Unitarios, se sumen a la estrategia en los próximos días. De hecho, este grupo ha anunciado que lanzará su propio comité el 8 de abril.
Sin embargo, la instalación de los comités ha generado controversia. Algunos sectores políticos y expertos en derecho electoral han cuestionado la legalidad de esta campaña, dado que la consulta aún no ha sido aprobada por el Senado. Según la legislación vigente, las campañas oficiales deben esperar la convocatoria formal del mecanismo de participación ciudadana, pero el Gobierno sostiene que la formación de comités es un ejercicio democrático que no infringe ninguna norma.
Además, el presidente Petro ha sugerido que la consulta podría incluir preguntas adicionales, más allá de las reformas sociales, relacionadas con la destinación de créditos públicos y privados a la economía popular. Actualmente, el Ministerio del Interior está trabajando en la redacción de las preguntas, que serían presentadas al Senado después de Semana Santa.
Otro de los aspectos clave de esta consulta es su costo, que la Registraduría ha estimado entre 600.000 y 700.000 millones de pesos. A pesar del alto presupuesto requerido, el Gobierno ve en esta consulta una oportunidad para que la ciudadanía respalde sus reformas, especialmente después del fracaso de la reforma laboral en el Congreso.
No obstante, el proceso enfrenta varios desafíos. Entre ellos, la necesidad de alcanzar un umbral de participación significativo para que la consulta tenga validez y las críticas de sectores que cuestionan tanto su viabilidad como su pertinencia. Algunas encuestas recientes sugieren que existe una posibilidad real de alcanzar el umbral, pero todo dependerá de la movilización ciudadana en los próximos meses.
