“Contratación electoral en Colombia: los actores privados que controlan la logística de los comicios desde hace décadas”
El proceso electoral en Colombia, desde hace varias décadas, ha estado marcado por la participación recurrente de un grupo reducido de empresas encargadas de la logística, producción de material electoral, procesamiento de datos y consolidación de resultados. Entre estas compañías destacan Thomas Greg & Sons, Indra, Carvajal Tecnología y Servicios, Disproel y UT Disproel-Efectiva, las cuales han conformado, de manera directa o a través de consorcios, el engranaje técnico que respalda las elecciones en el país.
Thomas Greg & Sons, por ejemplo, ha sido una de las principales proveedoras del Estado en materia electoral. Esta empresa ha gestionado la impresión de tarjetas electorales, formularios E-14 y otros documentos clave, así como el almacenamiento y transporte de los kits electorales. Su papel ha sido tan protagónico que, a lo largo del tiempo, ha generado suspicacias sobre la existencia de una concentración en los contratos y una falta de competencia real en las licitaciones públicas.
Indra, la multinacional española, ha sido otra de las protagonistas en el ámbito electoral. Ha estado a cargo del desarrollo del software de escrutinios, lo cual la convierte en una pieza esencial en la consolidación de los resultados de votación. Su participación ha sido objeto de debates por el nivel de confianza y transparencia que requiere el sistema democrático. Pese a las dudas planteadas por algunos sectores políticos y ciudadanos, Indra ha sido contratada en múltiples ocasiones, tanto en gobiernos anteriores como en el actual.
Carvajal Tecnología y Servicios, por su parte, ha participado en el diseño de soluciones tecnológicas para el manejo de datos, mientras que Disproel y la Unión Temporal Disproel-Efectiva han sido recurrentes adjudicatarias en contratos para el transporte y distribución de material electoral.
El artículo señala que este panorama ha evidenciado una suerte de “oligopolio electoral”, donde las mismas firmas se rotan los contratos o se asocian entre sí para asegurar su presencia en cada jornada electoral. Esto ha despertado inquietudes sobre la falta de pluralidad en las contrataciones, posibles conflictos de interés y la necesidad de una reforma estructural que garantice mayor transparencia, eficiencia y apertura en la contratación pública para procesos electorales.
Finalmente, el texto concluye que, si bien estas empresas han garantizado la operatividad técnica de las elecciones en Colombia, es urgente un debate de fondo sobre los criterios con los que se les contrata, los mecanismos de control sobre su desempeño y el fortalecimiento institucional del Estado para que los procesos electorales no dependan excesivamente de actores privados.
