Petro refuerza seguridad electoral: 41 precandidatos recibirán esquemas de protección ante posibles amenazas
En el marco del proceso electoral que se avecina en Colombia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado la asignación de esquemas de seguridad para 41 precandidatos que han manifestado amenazas o riesgos en el ejercicio de sus aspiraciones políticas. La medida fue tomada tras la segunda sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe), instancia interinstitucional encargada de garantizar condiciones seguras y democráticas para todos los actores que participan en la contienda electoral.
La reunión fue liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes enfatizaron el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los derechos políticos y la vida de los candidatos, especialmente en contextos territoriales marcados por la presencia de grupos armados ilegales y disputas de poder local. Ambos funcionarios subrayaron que la democracia no puede construirse bajo amenazas ni intimidaciones.
Los esquemas de protección que se están asignando varían según los niveles de riesgo identificados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades de inteligencia y seguridad del Estado. Se trata de una respuesta institucional articulada para prevenir hechos violentos como los ocurridos en elecciones pasadas, donde líderes sociales, políticos y candidatos fueron blanco de ataques por motivos políticos.
El Gobierno también reiteró que el Cormpe seguirá sesionando de forma periódica para evaluar nuevas solicitudes y hacer seguimiento a las condiciones de seguridad en las regiones. Además, se están adelantando acciones para reforzar la presencia de la Fuerza Pública en zonas de alta conflictividad electoral, con el objetivo de asegurar la participación libre y segura de todos los aspirantes, sin importar su filiación política.
Este anuncio es considerado una señal de atención frente al incremento de las tensiones políticas en varios departamentos del país, y responde a preocupaciones expresadas por organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, quienes han alertado sobre los riesgos de violencia política durante la campaña. La decisión también busca generar confianza en la ciudadanía y evitar que el miedo interfiera con el ejercicio democrático en los comicios de 2026.
