Debate sobre el derecho a la información: admiten tutela contra la Presidencia por emisión de consejos de ministros
El Consejo de Estado ha admitido una acción de tutela presentada por María Cristina Cuéllar Cárdenas contra la Presidencia de la República de Colombia, en la que se alega la vulneración del derecho fundamental a la información. La demandante argumenta que la transmisión televisiva de los consejos de ministros en horarios de alta audiencia afecta la posibilidad de los ciudadanos de elegir libremente los contenidos que desean consumir.
El caso se centra en la retransmisión de una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 25 de marzo, la cual fue emitida en el horario de las 7 de la noche y tuvo una duración de aproximadamente dos horas y media. En dicha transmisión, el gobierno abordó temas relacionados con el sistema de salud en el país. La ciudadana considera que esta programación oficial en horarios estratégicos limita la oferta informativa y afecta el derecho de los ciudadanos a acceder a una variedad de contenidos, al utilizar franjas con alta audiencia para difundir mensajes gubernamentales.
El Consejo de Estado, a través de su Sección Tercera, ha decidido admitir el caso para su estudio. Esta sección es la encargada de analizar asuntos relacionados con la responsabilidad extracontractual del Estado, lo que sugiere que el tribunal evaluará si la Presidencia ha excedido sus competencias al usar los medios de comunicación públicos para transmitir estos espacios oficiales.
Cabe aclarar que la admisión de la tutela no implica una decisión de fondo, sino que indica que el tribunal ha encontrado razones suficientes para analizar el caso. Como parte del proceso, la Presidencia de la República será notificada para que presente su defensa y las pruebas que considere pertinentes.
Este caso podría sentar un precedente importante en Colombia sobre los límites del uso de los medios de comunicación públicos por parte del gobierno, en especial en lo que respecta a la programación en horarios de alta audiencia. Dependiendo del fallo del Consejo de Estado, se podría establecer si el Ejecutivo debe ajustar la difusión de sus mensajes institucionales para garantizar el derecho a la información y la diversidad de contenidos en la televisión nacional.
