El blindaje jurídico e internacional del Acuerdo de Paz frena la idea de un referendo derogatorio
La propuesta de impulsar un referendo para derogar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc-EP enfrenta múltiples obstáculos jurídicos y políticos que, según expertos, hacen prácticamente inviable su realización. El principal argumento radica en que este pacto no solo fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante actos legislativos, leyes y decretos, sino que adquirió rango constitucional, lo que le otorga la misma jerarquía normativa que la Carta Magna.
Adicionalmente, el acuerdo cuenta con un blindaje internacional que lo fortalece frente a cualquier intento de desconocerlo. Esto incluye compromisos adquiridos por el Estado colombiano ante organismos multilaterales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha respaldado y verificado su implementación. En consecuencia, su derogación implicaría no solo una vulneración del marco constitucional, sino también el incumplimiento de obligaciones internacionales que pondrían en riesgo la credibilidad del país en la comunidad global.
Negociadores del proceso y juristas especializados han advertido que someter a consulta popular un tema que ya hace parte de la Constitución carece de validez legal, puesto que ningún mecanismo de participación ciudadana puede derogar lo que está protegido a ese nivel. Asimismo, señalan que este tipo de propuestas, más que tener sustento jurídico, buscan generar un debate político de cara a las elecciones, apelando al descontento de ciertos sectores con la implementación del acuerdo.
En suma, aunque la idea del referendo ha ganado visibilidad en la agenda pública, los expertos coinciden en que su ejecución no es factible, ya que la arquitectura legal e internacional que protege el Acuerdo de Paz lo convierte en un marco prácticamente intangible dentro del orden jurídico colombiano.
