El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado una ruptura con el Congreso, argumentando que el poder legislativo ha bloqueado sus principales reformas, como la laboral y la de salud. Ante la imposibilidad de alcanzar consensos con los partidos políticos, ha decidido adoptar una estrategia alternativa basada en el uso de decretos presidenciales y la movilización ciudadana para impulsar sus propuestas.
Petro ha señalado que las reformas deben implementarse de inmediato, sin depender de la aprobación del Congreso. Según su postura, la negativa del Legislativo a debatir y aprobar sus proyectos demuestra una falta de voluntad política para atender las demandas sociales, por lo que ha decidido buscar otras vías de acción. Entre sus principales estrategias está el uso de facultades ejecutivas, que le permitirían modificar normativas sin necesidad de pasar por el Congreso. También ha planteado la posibilidad de realizar movimientos presupuestales para financiar sus proyectos sin depender de la asignación de recursos por parte del legislativo.
Además, el mandatario ha convocado a la ciudadanía a manifestarse en las calles y ha sugerido la realización de una consulta popular para que el pueblo decida directamente sobre las reformas que han sido frenadas en el Congreso. Petro considera que este mecanismo es una forma de contrarrestar lo que él llama un “bloqueo institucional”, y sostiene que la solución a este conflicto es profundizar la democracia mediante la participación directa de la ciudadanía.
Este giro en la estrategia del gobierno ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición y algunos sectores políticos. Líderes como Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y dirigente del partido Cambio Radical, han criticado duramente la decisión de Petro, acusándolo de intentar gobernar por fuera de los canales institucionales y de fomentar una mayor polarización en el país. La oposición argumenta que los decretos y la consulta popular no pueden reemplazar el papel del Congreso en una democracia representativa.
El deterioro de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha llegado a un punto crítico, con constantes acusaciones mutuas y un ambiente de confrontación que dificulta cualquier posibilidad de diálogo. Mientras tanto, el país se encuentra en un escenario de incertidumbre, en el que aún no está claro si Petro logrará implementar sus reformas sin el apoyo del Congreso o si su estrategia terminará profundizando la crisis política en Colombia.
