Desde 2022, el Congreso ha presentado al menos seis proyectos de ley para regular las tarifas y condiciones de los peajes en Colombia, pero ninguno ha prosperado. Estas iniciativas buscaban garantizar mayor transparencia en los contratos, regular los cobros en vías en mal estado y establecer beneficios para los habitantes de zonas aledañas.
A pesar de su importancia para la ciudadanía, las propuestas se han enfrentado a obstáculos legislativos, falta de consenso político y presiones de sectores privados vinculados a las concesiones viales. Los peajes, que afectan el bolsillo de millones de colombianos, continúan siendo motivo de controversia.
Mientras tanto, la inconformidad social crece, especialmente en regiones con vías deterioradas y altos costos de movilización. Los ciudadanos exigen soluciones claras y una regulación que priorice el bienestar colectivo por encima de los intereses económicos de unos pocos.
