El Consejo de Estado de Colombia decidió suspender provisionalmente el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro pretendía convocar una consulta popular para someter a votación varias de sus reformas sociales, entre ellas, la reforma a la salud, la laboral y la pensional. La medida cautelar fue tomada tras estudiar una demanda que argumentaba que el decreto presidencial excedía los límites constitucionales al intentar convocar directamente una consulta sin la aprobación previa del Congreso, como lo establece la ley.
Esta decisión representa un revés jurídico para el Gobierno y ha sido interpretada por diferentes sectores políticos como una victoria en la defensa del orden constitucional. Líderes de la oposición y algunos juristas sostienen que el presidente no puede recurrir a mecanismos de participación ciudadana para reemplazar el trámite legislativo obligatorio que deben seguir las reformas estructurales.
Ante la suspensión, el presidente Petro respondió afirmando que la discusión ahora ha dejado de ser jurídica y ha pasado al terreno político. En sus declaraciones, insistió en que los bloqueos en el Congreso a sus iniciativas no representan la voluntad popular y que seguirá buscando formas de impulsar su agenda de cambio. El mandatario también ha reiterado que el pueblo tiene el derecho de pronunciarse sobre decisiones fundamentales para el país.
El fallo del Consejo de Estado no es definitivo, pero sí deja sin efecto el decreto mientras se resuelve de fondo la demanda. Esta decisión fortalece el control judicial sobre los actos del Ejecutivo y marca un precedente importante en la relación entre el Gobierno y los órganos de control.
