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El Pacto Histórico y Cambio Radical ya están manos a la obra para que sus candidatos ocupen el cargo que dejó César Lorduy

El Congreso de la República de Colombia aceptó este miércoles la renuncia de César Lorduy como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Lorduy, quien llegó al cargo en representación del partido Cambio Radical, argumentó motivos personales para su dimisión. Esta decisión abre una nueva disputa política entre el Pacto Histórico y Cambio Radical, que ya han comenzado a mover sus fichas para designar al reemplazo en el órgano electoral.

La renuncia de Lorduy no estuvo exenta de polémica. Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, lanzó duras críticas contra el exmagistrado, calificándolo como un “personaje turbio” y cuestionando su fidelidad al partido. Según Motoa, Lorduy no defendió los intereses de la colectividad y actuó de manera independiente en varias decisiones clave del CNE, lo que habría generado tensiones al interior de Cambio Radical.

Además, la salida de Lorduy ocurre en medio de una denuncia por acoso sexual presentada por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre (Fuerza Ciudadana). Aguirre señaló que fue víctima de acoso por parte del exmagistrado y pidió que se investigue el caso a fondo. Aunque Lorduy no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones, el hecho ha aumentado el escrutinio sobre su gestión y su comportamiento.

Con la vacante en el CNE, el Congreso deberá elegir a un nuevo magistrado, y tanto el Pacto Histórico como Cambio Radical están maniobrando para quedarse con el cargo. El Pacto Histórico, coalición de gobierno, busca aprovechar la oportunidad para aumentar su representación en el Consejo, un órgano crucial para la vigilancia y regulación de los procesos electorales. Por su parte, Cambio Radical aspira a mantener el escaño y conservar su influencia en las decisiones electorales.

La disputa por el reemplazo de Lorduy es significativa debido a la importancia del CNE en las elecciones de 2026, donde se elegirán el próximo Congreso y el presidente de la República. El magistrado que ocupe el cargo jugará un papel clave en la revisión de candidaturas, la fiscalización del financiamiento de campañas y la validación de los resultados electorales.

El proceso de selección del nuevo magistrado podría agudizar las tensiones políticas en el Congreso, donde el oficialismo y la oposición ya se enfrentan en torno a las reformas promovidas por el gobierno de Gustavo Petro. La decisión final dependerá de las negociaciones y acuerdos entre las distintas bancadas, lo que podría convertir esta elección en un nuevo pulso de poder entre las principales fuerzas políticas del país.

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