Investigación del CNE a Petro pierde fuerza tras fallo de la Corte que protege su fuero presidencial

La reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender la investigación que adelantaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el presidente Gustavo Petro ha generado un fuerte impacto dentro del órgano electoral y reconfigura por completo el curso del proceso que se venía siguiendo en su contra. El fallo del alto tribunal, considerado como un espaldarazo jurídico al jefe de Estado, establece que el CNE no tiene competencia para sancionar al presidente de la República por hechos relacionados con la campaña electoral que lo llevó al poder.
El fallo no solo pone un alto a la investigación, sino que también debilita el alcance de las funciones del CNE en lo que respecta al control y vigilancia de las campañas presidenciales. Esto ha causado frustración entre algunos de los magistrados del organismo, quienes consideran que se ha limitado su capacidad de actuar frente a presuntas irregularidades electorales, como las que se pretendía investigar en el caso de Petro. Incluso, algunos sectores políticos han interpretado la decisión como un revés institucional que podría dejar un vacío en la fiscalización de las elecciones presidenciales.
Antes del fallo, el CNE adelantaba indagaciones sobre posibles irregularidades en la financiación y reporte de gastos de la campaña Petro Presidente, motivadas por diversas denuncias, incluyendo las relacionadas con testimonios del exembajador Armando Benedetti. Con la nueva determinación de la Corte, el camino de la investigación quedaría trunco o, al menos, sin efectos disciplinarios directos para el mandatario en ejercicio.
Aunque la Corte no prohíbe que se indague lo ocurrido en la campaña, sí deja claro que el CNE no puede imponer sanciones al presidente, en virtud de su fuero constitucional. En este escenario, se abre la posibilidad de que otras instancias como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puedan asumir el caso si se considera necesario, aunque este órgano ha sido ampliamente cuestionado por su ineficacia histórica.
La decisión de la Corte, por tanto, no solo cambia el panorama del caso Petro, sino que también plantea interrogantes sobre el equilibrio institucional en el control electoral, el papel del CNE frente a la Presidencia, y los límites del fuero presidencial en casos de presunta infracción electoral.