El tribunal revoca condena por soborno en dos episodios contra Uribe

En una decisión que marca un giro importante en uno de los procesos judiciales más seguidos de Colombia, la Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena impuesta en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno en actuación penal, en dos episodios específicos relacionados con los exparamilitares Eurídice Cortés y Carlos Enrique Vélez Ramírez.
Los hechos
El caso se originó en una investigación contra Uribe por manipulación de testigos que comenzó hace más de una década. En primera instancia, la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá consideró que Uribe había actuado como “determinador” de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Uno de los ejes centrales fue que colaboradores del expresidente, como el abogado Diego Cadena, habrían ofrecido beneficios a exparamilitares para que modificaran sus testimonios.
La decisión de segunda instancia
Ahora, en segunda instancia, la Sala del Tribunal revisó el caso y concluyó que no se acreditó de forma suficiente el papel de Uribe como determinador en los sobornos investigados:
“Las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe como el determinador del delito de soborno en actuación penal.”
Por ello, se revocó la condena en esos dos episodios particulares, lo que implica que Uribe queda absuelto de esos cargos de soborno en actuación penal.
Qué sigue
Aunque la condena por soborno en esos dos episodios ha sido revocada, el proceso no está cerrado por completo. El tribunal aún debe pronunciarse sobre otros cargos, como el de fraude procesal, que no han sido objeto de revocación en este momento. Además, la decisión puede abrir camino a que el caso continúe su trámite en instancias superiores o sea objeto de nuevos recursos de la defensa o de la Fiscalía.
Importancia y repercusiones
Se trata de un fallo significativo para Uribe, un exmandatario que se encontraba enfrentando una condena en primera instancia.
Marca un precedente en el sistema judicial colombiano en cuanto a cómo se valoran los vínculos de instigador o determinador en delitos de soborno y manipulación de testigos.
Genera implicaciones tanto judiciales como políticas, dada la alta visibilidad del caso que ha polarizado la opinión pública en Colombia.







