El proyecto del primer tren de Petro, una obra ferroviaria emblemática destinada a conectar regiones marginadas y promover el transporte sostenible, enfrenta acusaciones de irregularidades tras el hallazgo de empresas fantasma en el proceso de licitación. Estas entidades, sin historial operativo ni experiencia en infraestructura, presentan direcciones inexistentes y están vinculadas a personas con antecedentes penales.
El escándalo pone en riesgo un presupuesto de más de 12 mil millones de dólares y amenaza con desacreditar al gobierno de Gustavo Petro, cuya bandera política es la lucha contra la corrupción. Además de la afectación a los recursos públicos, existe el peligro de que la obra sufra retrasos, sobrecostos y deficiencias técnicas. Ante las críticas, el gobierno ha prometido reforzar los controles de verificación para garantizar la transparencia del proceso. Este caso subraya los retos del país en su lucha por un manejo ético de los recursos públicos.
