El presidente Gustavo Petro firmó un extenso decreto de 33 páginas con el objetivo de convocar una consulta popular, a realizarse el 7 de agosto, fecha simbólica por ser el aniversario de su posesión como presidente. Esta movida, que ya ha sido calificada por varios sectores como un “decretazo”, representa un intento del mandatario por eludir al Congreso y buscar respaldo ciudadano directo para sacar adelante sus principales reformas, las cuales han encontrado múltiples obstáculos en el Legislativo.
El decreto plantea la creación de una figura jurídica que le dé viabilidad a la consulta sin requerir la aprobación previa del Congreso, lo cual ha generado un intenso debate jurídico y político. Petro argumenta que este mecanismo es “conveniente” para romper el bloqueo institucional que ha impedido la implementación de su agenda de transformaciones en sectores clave como la salud, las pensiones y la educación. Desde la ciudad de Cali, el presidente defendió la decisión en una alocución oficial, asegurando que se trata de un paso necesario para profundizar la democracia y que no busca vulnerar el orden constitucional.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la entidad encargada de organizar consultas y elecciones, será ahora protagonista, ya que debe definir si el decreto tiene validez y si puede o no avanzar con los trámites necesarios para convocar a las urnas en esa fecha. El país político se mantiene en expectativa sobre su respuesta, ya que de esta decisión depende en gran medida si la consulta se realizará o no.
Críticos del Gobierno han advertido que esta acción bordea los límites del Estado de Derecho y puede constituir una forma de gobierno por decreto, sin los debidos contrapesos institucionales. A su vez, el presidente Petro ha sostenido que se trata de una herramienta legítima para consultar al pueblo cuando los otros poderes del Estado —en especial el Congreso— bloquean reformas que, según él, tienen un mandato popular.
Esta estrategia revive una tensión de fondo en el sistema político colombiano: el conflicto entre los mecanismos de democracia representativa y los de democracia directa, en un contexto donde el presidente acusa a las élites legislativas de frenar las transformaciones exigidas por las mayorías.
