“Fiscalía eleva a magnicidio el asesinato de Miguel Uribe: intensifican investigación y autoridades buscan justicia”
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, tras permanecer más de dos meses en estado crítico luego del atentado sufrido el 7 de junio en Bogotá, cuando recibió múltiples disparos durante un mitin político. Durante ese tiempo luchó por sobrevivir, pero finalmente sucumbió a sus heridas.
Frente al impacto y la gravedad de los hechos, el gobierno del presidente Gustavo Petro convocó un consejo de seguridad extraordinario, con el propósito de atender la emergencia y reforzar las medidas de protección ante este acto de violencia política.
La Fiscalía General de la Nación declaró oficialmente el asesinato como magnicidio, lo que implica una tipificación legal más severa (homicidio agravado) que ya está siendo imputada a los seis capturados, entre ellos el menor de edad que habría sido el autor material. El ente investigador también afirmó que no descarta ninguna hipótesis y continúa desbloqueando todas las capacidades técnicas y humanas disponibles para avanzar en la identificación de los determinadores del crimen.
Paralelamente, el cuerpo de Miguel Uribe fue trasladado desde la Fundación Santa Fe de Bogotá hacia Medicina Legal para realizar la necropsia correspondiente. Posteriormente, fue instalado en una cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio, con acceso restringido el 11 de agosto desde las 3:00 p.m., luego abierto al público el 12 de agosto, y culminando con una ceremonia privada para la familia en la Catedral Primada de Colombia el 13 de agosto.
Desde diversos sectores políticos, líderes y ciudadanos han expresado su consternación y rechazo ante el crimen. La Defensoría del Pueblo, partidos políticos, y la Armada Nacional han manifestado solidaridad con la familia, rechazan enfáticamente este ataque y ratifican su compromiso por llevar a justicia a los responsables.
En síntesis: se trata de un caso que ha estremecido al país, marcado por una respuesta institucional firme —con medidas como la elevación del caso a magnicidio, captura de involucrados y convocatoria al consejo de seguridad—, además de un profundo duelo nacional por la pérdida de un líder político en plena contienda electoral.
