Fiscalía pide investigar a 28 congresistas por presuntas irregularidades en la adjudicación de recursos públicos
La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar a 28 congresistas por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Según las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, estos legisladores habrían gestionado cupos indicativos, una práctica que les habría permitido influir directamente en la asignación de recursos públicos a proyectos específicos, lo que podría constituir un caso de corrupción de gran magnitud.
Entre los nombres señalados por la Fiscalía se encuentra Juan Diego Muñoz Cabrera, exrepresentante a la Cámara por el Meta y miembro del partido Alianza Verde. Además, figuran otros congresistas de diferentes colectividades, como Efraín Cepeda (presidente del Senado por el Partido Conservador), José Alfredo Gnecco (Partido de la U), Karina Espinosa (Partido Liberal) y Liliana Bitar (Partido Conservador). La solicitud también menciona a miembros de otros partidos, lo que sugiere que la presunta corrupción no se limita a un solo sector político.
Este caso ha generado preocupación debido a la magnitud de los recursos involucrados y al posible abuso de poder por parte de los legisladores. La Fiscalía argumenta que las pruebas recabadas, incluyendo las declaraciones de Benavides, apuntan a una red de corrupción más compleja que la descubierta en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ahora, la Corte Suprema deberá evaluar si existen fundamentos suficientes para abrir una investigación formal contra los congresistas señalados.
De confirmarse las acusaciones, este escándalo podría tener serias repercusiones políticas y judiciales, afectando la imagen del Congreso y profundizando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas. La Fiscalía enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.
