El proyecto de ley que buscaba reducir el salario de los congresistas colombianos ha sido archivado nuevamente, marcando otro intento fallido en una serie de propuestas similares presentadas en los últimos años. La iniciativa, respaldada por diversos sectores políticos y sociales, pretendía disminuir en un 50% la remuneración de los legisladores, pasando de aproximadamente 48 millones de pesos mensuales a cerca de 28 millones.
La senadora María José Pizarro, ponente de la propuesta, expresó su frustración al señalar que la última oportunidad para tramitar la iniciativa se vio obstaculizada por una serie de impedimentos presentados por varios congresistas, lo que retrasó y finalmente impidió el debate programado. Este patrón de dilación y falta de consenso ha sido una constante en los múltiples intentos por ajustar los salarios legislativos, reflejando una resistencia institucional al cambio.
En el tercer debate, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votó 15 a favor y 14 en contra del proyecto. Sin embargo, al tratarse de una ley orgánica, se requería un mínimo de 21 votos afirmativos para su aprobación. Esta situación ha generado críticas tanto dentro como fuera del Congreso, con ciudadanos y organizaciones civiles cuestionando la voluntad política de los legisladores para abordar temas de austeridad y equidad salarial.
La historia legislativa muestra que desde 2015 se han presentado al menos diez proyectos con el objetivo de reducir los salarios de los congresistas, todos sin éxito. Las razones detrás de estos fracasos incluyen tácticas como el rompimiento del quórum, la presentación de impedimentos y la falta de apoyo mayoritario en las votaciones clave. Además, debates internos y desacuerdos entre diferentes bancadas han contribuido a la falta de avances en este tema.
La senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico ha señalado que la complejidad del trámite legislativo, que requiere ocho debates en un año al tratarse de una modificación constitucional, y la falta de disposición de las mesas directivas, han sido obstáculos significativos para la aprobación de la iniciativa. Por su parte, el senador Jonathan “JP” Hernández ha criticado la falta de coherencia y compromiso de algunos colegas, acusándolos de utilizar el tema con fines políticos sin una verdadera intención de cambio.
Este nuevo revés en la búsqueda de una reducción salarial para los congresistas refleja las dificultades inherentes al sistema legislativo colombiano para implementar reformas que afectan directamente a los propios legisladores. Mientras tanto, la percepción pública de desconexión entre los representantes y las demandas ciudadanas continúa alimentando el debate sobre la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder legislativo.
