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Gobierno insiste en cooperación fronteriza con Venezuela pese a críticas por seguridad y soberanía

En medio de la creciente controversia generada por la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este viernes a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), en un intento por aclarar el objetivo de esta iniciativa y responder a las críticas de la oposición.

Diversos sectores políticos han manifestado su preocupación por lo que consideran una amenaza a la soberanía nacional, advirtiendo que esta zona compartida podría facilitar el aumento del narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados en la frontera. Además, han exigido mayor transparencia sobre los términos del acuerdo suscrito entre ambos gobiernos y han pedido la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Frente a estos señalamientos, el presidente Petro defendió su propuesta argumentando que no se trata de ceder soberanía, sino de promover el desarrollo económico, la integración productiva y la cooperación entre pueblos históricamente hermanos. Según el mandatario, la zona binacional no pretende reemplazar los controles estatales, sino impulsar el comercio legal, la inversión y la creación de empleo en una región históricamente olvidada y marcada por la informalidad, el contrabando y la violencia.

Petro también recalcó que esta estrategia busca reemplazar el enfoque militarista que, a su juicio, ha fracasado en el manejo de la frontera, por un modelo de desarrollo que genere oportunidades legítimas a las comunidades. En esa línea, afirmó que fortalecer la presencia institucional en la frontera y ofrecer alternativas económicas es el camino más efectivo para reducir la influencia del crimen organizado.

El debate sigue escalando en el escenario político colombiano. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una iniciativa visionaria que responde a una realidad compartida entre dos países vecinos, los sectores opositores demandan mayor control, claridad jurídica y garantías de que este tipo de acuerdos no pondrán en riesgo la integridad territorial ni la seguridad nacional.

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