Gobierno insiste en modelo público para pasaportes mientras Thomas Greg sigue por urgencia manifiesta
La controversia por la adjudicación del contrato para la elaboración de pasaportes colombianos continúa escalando, con nuevos elementos que profundizan la tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los actores involucrados. En el centro del debate se encuentra el modelo de contratación pública que impulsa el Ejecutivo, el cual busca reducir la dependencia de operadores privados como Thomas Greg & Sons, empresa que ha estado a cargo de la producción de pasaportes durante años.
La novedad más reciente es la inminente firma de un contrato por 3,2 billones de pesos entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, con una duración prevista de 10 años. Este acuerdo forma parte de la estrategia del gobierno Petro para consolidar un modelo público-internacional en la fabricación de documentos oficiales, con el argumento de garantizar mayor soberanía tecnológica, transparencia y control estatal sobre este proceso clave.
No obstante, mientras avanza esta iniciativa, el Gobierno también se ve obligado a firmar una tercera urgencia manifiesta que le permite a Thomas Greg & Sons continuar con la prestación del servicio de forma temporal, debido a la falta de transición efectiva hacia el nuevo modelo. Esta decisión se ha tomado en medio de presiones logísticas y legales, ya que Colombia no puede detener la expedición de pasaportes, especialmente en un momento de alta demanda.
El manejo del tema ha generado fuertes tensiones internas dentro del Ejecutivo. Se habla de un posible nuevo regaño del presidente Petro hacia su equipo de gobierno por los retrasos y la falta de ejecución efectiva del modelo estatal que había prometido. Esta disputa revela no solo una pugna entre lo público y lo privado, sino también fisuras en la coordinación institucional del gobierno, así como los desafíos que enfrenta Petro para llevar a cabo reformas estructurales sin generar crisis de servicio.
Además, el caso ha adquirido una dimensión política significativa. La empresa Thomas Greg & Sons ha acusado al Gobierno de obstaculizar de manera injustificada su participación, mientras sectores de la oposición denuncian improvisación y falta de planeación. Así, lo que comenzó como una licitación técnica se ha convertido en una lucha por el control de una herramienta clave del Estado, que podría tener efectos importantes en la confianza institucional y la imagen internacional del país.
