“Gobierno mantiene ‘decretazo’ para consulta electoral como estrategia para impulsar reformas estancadas”

El Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene su firme propósito de convocar una consulta popular por decreto (“decretazo”), a pesar del rechazo del Senado, con la meta de medir la fuerza electoral del progresismo y reimpulsar las reformas oficiales que no lograron consenso en el Congreso .
1. Motivos y objetivos
• El Ejecutivo busca dar “aire” político a reformas como la laboral, sanitaria y pensional, que se estancaron por bloqueos parlamentarios .
• Petro argumenta que existe base legal en el artículo 33(c) de la Ley 1757 de 2015 para emitir el decreto sin un concepto previo del Senado, alegando que la consulta no fue resuelta tras la suspensión del Congreso .
2. Posición del Senado y oposición
• El Senado rechazó la iniciativa el 14 de mayo con 49 votos contra 47 .
• Opositores —desde partidos críticos, la Registraduría, expertos judiciales y procuradores— califican la maniobra como ilegal, un posible golpe institucional o abuso de poder .
3. Estado del decreto
• El decreto ya cuenta con firma de todos los ministros, y solo falta la firma presidencial para su publicación oficial .
• Empero, su implementación podría ser impedida por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado o la Registraduría, que han indicado que podrían bloquearlo .
4. Dimensión electoral
• Al Gobierno le interesa aprovechar este mecanismo como una herramienta política proelectoral, en el marco de la carrera hacia las elecciones de 2026, en lugar de enfocarse únicamente en la aprobación de leyes .
• Varios críticos, como la senadora Angélica Lozano, han señalado que la prioridad del Ejecutivo parece ser hacer campaña a través de la consulta, y no la justicia laboral .
5. Escenario pendiente
• Falta la firma definitiva del Presidente, que podría concretarse desde espacios como Cali, en el marco de movilizaciones y actos del Pacto Histórico .
• Se estima una fecha tentativa para la votación de la consulta: 7 de agosto, cuando Petro inicia su último año de mandato .
• Quedan en el aire recursos jurídicos para detener el proceso y decisiones que tomen los tribunales o el registrador electoral.