El gobierno de Gustavo Petro aseguró la continuidad de 1.000 escoltas bajo contratación temporal en la Unidad Nacional de Protección (UNP), en un esfuerzo por fortalecer las medidas de seguridad para líderes sociales, defensores de derechos humanos y figuras públicas amenazadas. La decisión busca garantizar protección en medio de crecientes denuncias sobre riesgos para estas poblaciones vulnerables.
El decreto que blinda esta medida responde a las dificultades operativas y presupuestarias que han afectado a la UNP, organismo clave para la seguridad de líderes en regiones golpeadas por la violencia. La oposición ha cuestionado la efectividad del modelo de contratación temporal, mientras sectores sociales exigen un enfoque estructural que priorice la prevención del riesgo. Con este anuncio, el gobierno reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos en un contexto de alta conflictividad.
