Gobierno Petro aplaza recursos para la primera línea del metro de Bogotá en medio de tensiones sobre su diseño
El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió aplazar el giro de recursos destinados a la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y esperados en la capital colombiana. La medida reaviva el debate sobre el diseño del sistema, que actualmente está planificado como un metro elevado.
Desde su campaña presidencial, Petro ha cuestionado este modelo y ha abogado por un diseño subterráneo, al considerar que ofrece mayores ventajas en términos de urbanismo y menor impacto visual en la ciudad. Sin embargo, la construcción bajo el modelo elevado ya se encuentra en marcha, con contratos firmados y avances significativos en las obras civiles.
La decisión del aplazamiento fue confirmada por el Ministerio de Transporte, que señaló la necesidad de realizar ajustes y evaluaciones adicionales al proyecto, sin especificar si esto implica una intención directa de modificar el diseño actual. Aún no se ha informado una fecha clara para el desembolso de los recursos, lo que ha generado incertidumbre entre diversos sectores.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la continuidad del proyecto tal como está planteado, advirtiendo sobre los riesgos de un cambio que podría implicar costos adicionales, conflictos legales y retrasos significativos en la entrega de la obra. Galán subrayó la necesidad de mantener la estabilidad del proyecto para garantizar que la ciudadanía no se vea afectada.
La decisión del gobierno ha desatado un intenso debate en la opinión pública y en sectores políticos. Mientras algunos respaldan la idea de reconsiderar el diseño para adaptarlo a un modelo subterráneo, otros argumentan que cualquier modificación podría comprometer la viabilidad financiera y los cronogramas del metro, en un momento en el que la ciudad enfrenta serios desafíos en movilidad.
Este aplazamiento representa un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno nacional y la administración distrital, evidenciando tensiones sobre el futuro de una obra que definirá la movilidad de Bogotá en las próximas décadas.
