El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una carrera contrarreloj para evitar que Estados Unidos incluya nuevamente a Colombia en la lista de países “descertificados” en la lucha antidrogas, una medida que implicaría un fuerte revés diplomático y político para el país. Según lo establecido, la administración estadounidense evalúa anualmente el compromiso y los resultados de los países productores o de tránsito de drogas ilícitas, y tiene hasta el 15 de septiembre para emitir su veredicto. En ese contexto, el Gobierno colombiano tiene apenas 12 semanas para demostrar avances significativos en materia de erradicación y sustitución de cultivos de coca.
Uno de los más recientes y polémicos gestos del Ejecutivo colombiano hacia Washington fue la decisión de frenar la extradición de un cabecilla de las disidencias de las FARC, bajo el argumento de que podría ser clave en procesos de diálogo o sometimiento a la justicia. Esta medida ha generado tensiones diplomáticas, dado que Estados Unidos históricamente ha considerado la extradición como una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico.
En este periodo crítico, Colombia debe presentar resultados tangibles que respalden su estrategia antidrogas, basada en el enfoque de “vida y no guerra”, promovido por el presidente Petro. Esta política pone énfasis en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el desarrollo alternativo en zonas rurales, la protección de comunidades campesinas y la erradicación manual focalizada, todo con el objetivo de reducir la dependencia de estrategias coercitivas que han predominado durante décadas.
Sin embargo, el país enfrenta serios desafíos estructurales para cumplir esta meta. A pesar de los discursos oficiales, la presencia de grupos armados ilegales, las dificultades logísticas y la falta de recursos para implementar programas de sustitución efectiva amenazan con ralentizar el avance. Además, la presión desde Washington se mantiene, ya que en Estados Unidos predomina una visión más tradicional de “mano dura” frente al narcotráfico.
Expertos en relaciones internacionales advierten que una descertificación tendría consecuencias negativas para Colombia, incluyendo restricciones al acceso a recursos de cooperación, afectaciones a la imagen internacional del país y posibles repercusiones comerciales. Por eso, el Ejecutivo se encuentra movilizando a sus embajadas, acelerando informes de gestión y coordinando con organismos multilaterales para persuadir al Gobierno de Joe Biden de que aún es posible consolidar un enfoque más humano, pero eficaz, contra el narcotráfico.
