El gobierno del presidente Gustavo Petro rechazó enfáticamente la orden de captura internacional emitida por la Fiscalía de Guatemala en contra de Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante la Santa Sede y exministro de Defensa, así como de la actual fiscal general Luz Adriana Camargo. Ambos son señalados por presuntos actos de corrupción relacionados con sus funciones anteriores como integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La decisión de la justicia guatemalteca ha sido interpretada en Colombia como un hecho políticamente motivado, especialmente considerando la labor que desempeñaron Velásquez y Camargo en la lucha contra estructuras de corrupción enquistadas en el Estado guatemalteco. Durante su paso por la CICIG, ambos participaron en investigaciones que afectaron a sectores poderosos del país centroamericano, incluyendo expresidentes, empresarios y militares. Esto ha llevado a múltiples voces en la comunidad internacional a señalar una estrategia de “persecución judicial” contra quienes combatieron la corrupción desde instancias internacionales.
El presidente Petro, a través de su gobierno, expresó su respaldo absoluto a Velásquez y Camargo, calificando la medida como un acto hostil e injustificado, y aseguró que Colombia no reconoce ni acatará dicha orden. El Ministerio de Relaciones Exteriores también rechazó la solicitud guatemalteca, argumentando que se trata de un ataque a funcionarios que han trabajado por la justicia internacional y los derechos humanos. Según el gobierno colombiano, este tipo de acciones deteriora la confianza en el sistema interamericano de justicia y afecta la cooperación regional en temas de corrupción.
La situación ha elevado la tensión diplomática entre Colombia y Guatemala, mientras crece la preocupación por el uso del aparato judicial guatemalteco para perseguir a actores clave en la lucha contra la impunidad. Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han comenzado a pronunciarse en respaldo de Velásquez y Camargo, señalando que estas órdenes de captura podrían marcar un precedente peligroso en la criminalización del trabajo anticorrupción.
El caso también tiene implicaciones en el debate global sobre la independencia judicial y el papel de las misiones internacionales en la supervisión de procesos democráticos y judiciales en contextos frágiles. En este escenario, la respuesta de Colombia no solo defiende a sus funcionarios, sino que también busca proteger el legado de la CICIG y su impacto en la región.
