El senador Iván Cepeda ha sido una de las figuras más constantes y controversiales de la política colombiana en las últimas dos décadas, especialmente por su rol como férreo contradictor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La trayectoria de Cepeda, marcada por su persistencia en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de justicia, lo ha llevado a enfrentar al que fuera durante años el político más popular del país.
Desde su llegada al Congreso en 2010 y, posteriormente, como senador desde 2014, Cepeda ha centrado buena parte de su agenda legislativa en denunciar la relación entre sectores del poder político y el paramilitarismo. Uno de los hitos más importantes de esa labor fue el debate realizado en el Senado en septiembre de 2014, en el que presentó testimonios y pruebas que vinculaban al expresidente Uribe con la creación de grupos paramilitares en Antioquia durante su mandato como gobernador.
Aquel debate generó una fuerte confrontación política y jurídica. Uribe respondió con una denuncia penal contra Cepeda por presunta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema de Justicia determinó que, en realidad, había sido el expresidente quien habría intentado influenciar testigos en su favor. Esta decisión marcó un giro histórico en la política y en la justicia colombiana, pues por primera vez un expresidente de la República fue vinculado formalmente a un proceso penal por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
La actuación de Cepeda ha sido interpretada por sus seguidores como un ejemplo de coherencia y valentía en la lucha contra la impunidad, mientras que sus detractores lo acusan de estar motivado por intereses ideológicos y personales. A pesar de las críticas y de múltiples amenazas en su contra, Cepeda ha sostenido que su actuar obedece a un compromiso con la verdad y con las víctimas del conflicto armado.
Actualmente, el juicio contra Uribe sigue su curso en medio de una fuerte polarización social y política. El papel de Cepeda ha sido clave no solo como contraparte en el proceso, sino como símbolo de la persistencia de un sector del país que exige que todos los actores del conflicto, sin importar su poder, respondan ante la justicia.
